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El Estado y el Gobierno en una Sociedad de Aprendizaje

El papel del Estado en la economía y la sociedad ha sido ampliamente debatido, y gradualmente modificado, desde los Acuerdos de Paz de 1992. En la actualidad, prevalecen las siguientes orientaciones generales en cuanto al papel del Estado:

• reducir su intervención en la economía, y enfocar sus esfuerzos en la creación de un ambiente propicio para el crecimiento económico y las inversiones, a través de la formulación y debida implementación de legislación, normativas, marco regulatorio, convenios y tratados internacionales;

• reducir su responsabilidad de gestión directa en muchas esferas de la sociedad, transfiriéndola hacia la sociedad civil y la empresa privada cuando éstas estén en capacidad de asimilarla de forma más eficiente; a cambio, enfocar los esfuerzos en la corrección de las imperfecciones del mercado, creando eventualmente los incentivos necesarios para generar capacidad en vez de dependencia; y

• aumentar su confiabilidad como garante de la seguridad ciudadana y el trato equitativo ante la ley en todas las esferas de la actividad humana, para que la reducción de su influencia en los dos ámbitos mencionados no resulte en el aumento de los desequilibrios y la injusticia.

Recomendaciones Generales

Las recomendaciones formuladas a continuación reflejan estas mismas tendencias, enfocadas en áreas específicamente relacionadas con la Sociedad de Aprendizaje:

1. Asegurar el acceso universal a la información y las comunicaciones a través del fomento de las telecomunicaciones y áreas afines: La conectividad nacional, local e internacional es indispensable para el intercambio adecuado de la información y el conocimiento a través de las distancias, pero requiere inversiones fuertes y por lo tanto implica un mayor riesgo y mayores garantías, sobre todo para atraer la necesaria inversión internacional. En este aspecto, la Ley de Telecomunicaciones de 1998 representa un avance considerable. A la vez, sería importante establecer una política de incentivos y concursos orientados específicamente a garantizar la cobertura de todo el país cuando las dinámicas del mercado no logran alcanzar esta meta.

2. Un papel en el buen funcionamiento de los mercados: El desarrollo de una Sociedad de Aprendizaje contribuirá a la creación de mejores mercados, al aumentar el volumen de información disponible para todos, reduciendo a la vez los costos de transacción. Sin embargo, los mercados seguirán siendo deficientes si el Estado no vela por su buen funcionamiento; en esto es importante la implementación de la Ley de Libre Competencia y otra legislación y normativas relevantes. El Estado podría también alimentar ciertos mercados de información especiales, en áreas tales como precios e insumos agrícolas, licitaciones públicas, ciencia y tecnología, y otras.

3. Fomentar la reducción de los costos de transacción introduciendo procedimientos simplificados y el uso generalizado de transacciones electrónicas: Estas transacciones deberían ofrecer garantías para la debida protección a la privacidad ciudadana y empresarial para evitar abusos y aumentar su confiabilidad, y a la vez conllevar a la modernización y agilización de las transacciones, en vez de su complejización.

4. Incentivar la innovación a través de una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual:

• Internacionales: En los últimos años se han suscitado fuertes debates en torno a la necesidad de un régimen efectivo de protección a la propiedad intelectual para incentivar la inversión privada extranjera, que requiere estas garantías para proteger su ventaja competitiva. Sin embargo, el carácter punitivo del enfoque actual tiende a provocar rechazo e incomprensión. Sería más efectivo, como justificación de su protección, resaltar los beneficios que trae al país la introducción de ideas y técnicas innovadoras desde el exterior.
• Nacionales: Para una Sociedad de Aprendizaje, es de suma importancia elevar el valor de los derechos de propiedad intelectual entre los mismos salvadoreños. El proceso de inscripción de marcas, patentes,  productos de información e innovaciones tecnológicas es muy difícil y costoso, y la protección por parte del Estado a este derecho es débil. Por ende, el científico, innovador, artista, empresario o agrónomo, sobre todo de modestos medios económicos, pierde los beneficios de sus innovaciones, o incluso prefiere desplegar su talento en otro país donde los procedimientos y protecciones le resultarán beneficiosos. Es importante evitar la pérdida nacional en términos de innovación, tecnología, patrimonio genético y talento humano debido a la lentitud en la adaptación adecuada del marco legislativo y regulatorio en este sentido.

5. Asumir o compartir riesgos iniciales durante el período de creación de la demanda en áreas nuevas generadas en el marco de una Sociedad de Aprendizaje: info-estructura nacional y mercados de información; transacciones electrónicas; redes de investigación, producción o comercialización; comercio electrónico; y otras.[1] El criterio fundamental de esta intervención estatal debe ser la generación de dinámicas nuevas y capacidades entre los participantes, de manera que vayan asumiendo progresivamente los costos de su participación como una inversión en su propio desarrollo, y la diseminación adecuada de resultados para estimular la emulación.

6. Asumir los costos de inversión a más largo plazo de ciertas iniciativas fundamentales para el aprendizaje generalizado, tales como bibliotecas públicas y casas de la cultura.

7. Incentivar, premiar y difundir prácticas innovadoras y de aprendizaje, las cuales deben basarse en la gestión e intercambio de la información y el conocimiento, e incluso el uso de técnicas experimentales: concursos nacionales con una adecuada diseminación de la naturaleza y factores de éxito de la innovación en cuestión; co-financiamiento de iniciativas que demuestren su capacidad de generar dinámicas innovadoras.

8. Otros aspectos normativos en el contexto de la evolución de un Estado de Derecho en El Salvador:

1. garantías reales de privacidad y confiabilidad en las transacciones electrónicas, ya que se realizan sin contacto directo entre las personas involucradas, y en muchos casos no generan los comprobantes tradicionales;
2. promoción de mecanismos efectivos de auto-regulación entre diferentes sectores asociados con la información y las comunicaciones, con participación amplia de la sociedad civil, para garantizar el pluralismo e impedir la sobreconcentración; y
3. fortalecimiento de las instituciones que velan por el cumplimiento y operatividad de las leyes y normativas.

Recomendaciones Específicas

El gobierno debería de adoptar "buena prácticas" de la gestión de la información y el conocimiento en sus áreas específicas de competencia, como parte de su esfuerzo integral de modernización del sector público. A continuación presentamos cinco aspectos de esta recomendación:

1. Formulación e implementación de una política nacional de información pública, para:

1. fomentar la transparencia gubernamental y participación ciudadana;
2. estimular una cultura nacional de información y comunicaciones;
3. promover la transparencia acerca de las normas que rigen los contenidos públicos ofrecidos y condiciones de acceso; y
4. reducir los costos reales de la obtención de información importante.

El gobierno genera una enorme cantidad de información de todo tipo, la cual es generalmente difícil de ubicar, obtener y utilizar, a pesar de su gran valor y necesidad para las diversas actividades económicas y sociales del país. Sin embargo, hace falta una tipología de la información que el gobierno debe colocar en el dominio público, así como sus condiciones de acceso. No es conveniente dejar estas decisiones únicamente en manos de las dependencias individuales. Algunas aspectos recomendados para este tipo de política son: [2]

• la elaboración de una tipología de la información producida por las dependencias gubernamentales (memorias, estadísticas, informes de consultoría, boletines, licitaciones, etc.) y los derechos de acceso público a la misma;
• la digitalización de toda la información pública y su colocación en redes internas del gobierno y posteriormente en sitios Web según dependencia, con indexación adecuada para facilitar su acceso por parte tanto del público como de las mismas dependencias gubernamentales; y
• la coordinación permanente entre todos los Centros de Información y Oficinas de Comunicación gubernamentales, así como la instalación de kioscos de auto-servicio informativo para el público en dichos Centros.

2. Administración pública electrónica especialmente en términos de trámites: Este aspecto está relacionado con el desarrollo de la Asociación Infocentros, que pretende crear una infraestructura e infoestructura nacional que facilite el trabajo de desarrollo nacional y local en todos sus ámbitos. Las transacciones electrónicas del sector público tendrán sentido en la medida en que el público tenga puntos de acceso a un costo razonable y le reduzca por ende sus costos de transacción. A la vez, esta transformación creará una mayor transparencia en la administración pública, al tener la ciudadanía acceso ágil a una amplia gama de información pública así como mayor interactividad; también generará una mayor eficiencia en la administración de los fondos públicos al promover las compras y licitaciones por medios electrónicos. Finalmente, se generaría un ambiente propicio para el comercio electrónico tanto interno como internacional, lo cual estimula la competitividad de la empresa privada, sobre todo la pequeña empresa, que podría ser más flexible que la grande para adoptar los cambios que requiere este tipo de comercio.[3] En todo caso, la confiabilidad y eficiencia comprobada de las transacciones electrónicas serán los factores más influyentes en las posibilidades de éxito a largo plazo de esta transformación.

A continuación mencionamos algunos ejemplos actuales de administración pública electrónica que representan un paso positivo en esta dirección:

• El Ministerio de Hacienda (MH), que permite ciertas interacciones con el contribuyente a través de su sitio Web, en el contexto de una oferta amplia de información útil para facilitar una variedad de trámites relacionados con dicha dependencia.
• El proyecto Teledespacho del mismo Ministerio, que permite la tramitación electrónica de las importaciones y exportaciones de productos.
• La Superintendencia de Pensiones, que ofrece amplia información sobre los fondos de pensiones privados.
• Sistema de Administración Financiera Integrada (SAFI), que está integrando electrónicamente a 140 centros de costos y permite así administrar el presupuesto de la nación electrónicamente; su impacto en el público es principalmente indirecto pero mejorará radicalmente la eficiencia gubernamental.
• El Fondo Social para la Vivienda, que ofrece amplia información sobre sus líneas de crédito.
• El Ministerio del Interior ofrece información sobre los requisitos para obtener un pasaporte salvadoreño y publica el Diario Oficial.
• El Centro Nacional de Registros, que está desarrollando un sistema electrónico para el registro de la propiedad raíz.
• El Banco Central de Reserva (BCR), que ha creado un sitio Web extenso y detallado para ayudar a tanto exportadores como inversionistas, y permite incluso el registro de empresas en un banco de datos.
• La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que ofrece amplia información legislativa y normativa para las empresas afines a estos sectores.

Todos estos ejemplos podrían irse evolucionando hacia sistemas más sofisticados de administración electrónica, incluyendo la tramitación directa o pre-tramitación de una serie de pasos que anteriormente requerían visitas personales a múltiples dependencias o ventanillas, así como el pago electrónico de trámites de todo tipo.

3. Gestión del conocimiento e información internos para elevar la eficiencia de las operaciones públicas, en el contexto de los programas permanentes de modernización del sector público, incluyendo la diseminación del conocimiento sistematizado a través del proceso. El documento del círculo de aprendizaje sobre Organizaciones Aprendedoras aborda en mayor detalle los aspectos fundamentales de la gestión del conocimiento en este ámbito. Algunas recomendaciones puntuales son:

• Formación continua entre los funcionarios públicos acerca de la gestión de la información y el conocimiento en sus dependencias, así como el uso efectivo de las redes intra- e interinstitucionales.
• Coordinación permanente entre los funcionarios encargados del manejo de la información interna en las distintas dependencias del gobierno.
• Dotación de recursos e infraestructura suficientes para compartir información y sistematizar conocimientos permanentemente en todas las dependencias del gobierno.
• Esfuerzos globales por crear un acervo de información que represente la memoria histórica de cada institución, y la construcción de vías de acceso fáciles y amplios a este acervo.

4. Formulación e implementación de una política nacional de adquisición y distribución de infraestructura informática y de comunicaciones: Por un lado, la adquisición de este equipo tiende a efectuarse sin una planificación global con visión a largo plazo, lo cual resulta en el uso ineficiente de los recursos públicos. Por el otro lado, la distribución y utilización de la infraestructura actual tiende a ser muy desigual entre las diferentes dependencias del gobierno, produciendo casos de subutilización, deterioro o insuficiencias desproporcionadas. Cualquier política de esta índole tendría que formar parte integral de los esfuerzos de modernización del sector público. Algunos aspectos de este tipo de política podrían ser: [4]

• Diagnóstico global y según dependencia de la situación y las necesidades
• Distribución más racional de los recursos existentes entre dependencias
• Plan de compras, distribución, mantenimiento, actualización y capacitación como parte integral de la planificación que se realiza al principio de cada nuevo gobierno
• Racionalización de los recursos adquiridos en base a la cooperación internacional
• Coordinación permanente entre encargados de informática de las distintas dependencias gubernamentales.

5. Formulación en cada gobierno local de una política de información, informática y comunicaciones, a través de un organismo coordinador, para fomentar el aprendizaje y consistencia intermunicipales.

Notas:

1. Ver detalle de los proyectos propuestos por los seis círculos de aprendizaje, y la Asociación Infocentros, Capítulo III. [volver]

2. Ver Anexo – "Estudio de los Recursos de Información de Interés Público Disponibles en el Gobierno Central". [volver]

3. Ver Anexo – "Estado General de la Preparación para el Comercio Electrónico". [volver]

4. Ver Anexo – "Estudio de los Recursos y de las Politicas de Información y de Computación en los Gobiernos Centrales y Locales". [volver]

Conectándonos al Futuro, San Salvador, El Salvador

Actualización  12-06-1999

[Indice]  [Resumen Ejecutivo]  [Introducción]   [Capítulo I Contexto]  [Capítulo II Construyendo]  [Educación]  [Migración]  [Desarrollo Local]   [Desarrollo Rural]  [Micro y Pequeña Empresa]  [Organizaciones Aprendedoras]   [Asociación Infocentros]  [Estado y Gobierno]  [Ciudadanía]   [Competitividad]  [Cultura]   [Calidad de Vida]  [Conclusiones]

Anexos: [Metodología]   [Esquema para Proyectos]  [Monitoreo y Evaluación]  [Desarrollo Local]  [Migración]  [Transferencia de Tecnología Agropecuaria]  [Agua]  [Comercio Electrónico]  [Información Pública]  [Informática del Gobierno]  [Evaluación de 3 Grandes Organizaciones]  [Conferencia Electrónica]  [Participantes]  [Bibliografía]   [Glosario de Siglas]

Todos los derechos reservados. Se permite reproducir el contenido de esta publicación siempre y cuando se cite la fuente completa: Conectándonos al Futuro de el Salvador, "Estrategia para la Creación de una Sociedad de Aprendizaje", San Salvador, 1999, http://www.conectando.org.sv/Estrategia/